miércoles, 29 de enero de 2014

Los funcionarios denuncian carencias en la seguridad de la prisión de Palma



Critican la falta de personal y el aumento de vigilantes privados en el exterior de la cárcel

Los funcionarios de prisiones denuncian carencias en la seguridad de la prisión de Palma tanto por la privatización de la vigilancia exterior del recinto como por la falta de personal.
El control exterior de la prisión de Palma está en manos de seguridad privada. Hasta ahora varios efectivos de la Guardia Civil se encargaban de controlar las inmediaciones de la cárcel pero desde este año solo ha quedado un agente de la Benemérita y el resto ha sido sustituido por guardas privados.
Los funcionarios de prisiones criticaron ayer esta situación al considerar que supone la privatización de Instituciones Penitenciarias y reclamaron la paralización de esta medida que se ha puesto en marcha de manera experimental durante seis meses en aplicación de la Ley de Seguridad Privada.
Medio centenar de empleados públicos pertenecientes a los sindicatos CC OO, UGT y CSI-F se concentraron ayer a las puertas del centro penitenciario de la carretera de Sóller dentro de la campaña de denuncia de la falta de personal y el progresivo proceso de privatización de las prisiones, que se lleva a cabo en todo el país desde el pasado mes de julio.
La delegada de prisiones del CSI-F, Carmen Hermida, advierte de que el funcionamiento del centro penitenciario palmesano no puede guiarse por intereses económicos. "El gobierno argumenta que privatizar sale más barato pero hay informes que demuestran lo contrario", asegura Hermida.
Déficit de personal
Los empleados públicos sostienen que el déficit de personal pone en peligro la custodia de los internos. En los dos últimos años no se ha convocado una oferta pública de empleo por lo que se han dejado de cubrir las bajas por jubilación o invalidez que se han producido en las prisiones desde el año 2011.
Para terminar con esta disminución de personal los sindicatos reclaman que el 10 por ciento de las plazas de empleo público convocadas se destinen a cubrir las cárceles.
En la actualidad la cárcel de Palma dispone de 470 funcionarios y hay 1.250 reclusos. Los sindicatos denuncian que dos módulos de presos, con cerca de un centenar de reclusos cada uno, deberían estar vigilados como mínimo por cinco funcionarios. Sin embargo, este ratio se incumple y está controlado por tres empleados públicos lo que representa un problema de inseguridad y un aumento de la peligrosidad.
El representante de UGT de la Administración General del Estado, Pedro Homar, señala que la población reclusa no ha crecido y se ha mantenido estable en los últimos años pero han dejado de cubrirse las bajas de los funcionarios.
La media de reclusos en las 71 cárceles que hay en España se sitúa entre los 1.200 y 1.700 reclusos por lo que la cárcel de Palma se encuentra dentro de la tasa más baja del país. Los sindicatos recuerdan que esta situación se produce en parte por la reciente apertura del Centro de Inserción Social (CIS) de Palma para presos de tercer grado en el que hay 175 reclusos y la nueva Unidad de Madres con una capacidad para 80 personas aunque en la actualidad solo están internas cuatro madres. El número de presos en las prisiones de Eivissa y Menorca se reducen y cada una alcanza un centenar.
Los empleados públicos penitenciarios reclaman a la Administración una mayor defensa de la dignidad de su trabajo, una mejora de las condiciones de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo, que se ha visto reducido en tres años de recortes y congelación salarial. Recuerdan que en 2010 sufrieron una reducción del sueldo del 5 por ciento y han perdido las pagas extraordinarias.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/29/funcionarios-denuncian-carencias-seguridad-prision/906936.html